<\/figure>\n<\/article>\n<\/div>\nLo que, seg\u00fan la instituci\u00f3n gubernamental, habr\u00eda comenzado como una ocupaci\u00f3n irregular<\/b> en 2002 y luego mediada por contratos de arrendamiento<\/b> con un costo de $220.439, habr\u00eda derivado en una “toma de hecho<\/b>“. Incluso, el caso escal\u00f3 hasta el Consejo de Estado<\/b> mediante una acci\u00f3n de tutela<\/b> que busca frenar una decisi\u00f3n judicial a favor del empresario.<\/p>\n\nIsla Fiesta en el Archipi\u00e9lago de Islas del Rosario y San Bernardo de Cartagena<\/span> Foto:<\/span>ANT<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\nDe acuerdo con la demanda interpuesta por la ANT<\/b> ante el Consejo de Estado<\/b>, documento en manos de EL TIEMPO, se habr\u00eda utilizado este predio como una fuente de ingresos por medio del turismo<\/b>. El empresario asegura de manera tajante que esto es falso<\/b>.<\/p>\n
EL TIEMPO tuvo acceso a un documento enviado por el equipo jur\u00eddico de Lisocki Fryde<\/b>, y firmado por \u00e9l, en el que contradice cada una de las denuncias de la ANT<\/b> y aclara los hechos.<\/p>\n\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n\nSobre el presunto uso tur\u00edstico de Isla Fiesta<\/b>, el empresario es categ\u00f3rico: \u201cEsto es falso<\/b>\u201d. Sostiene que ni \u00e9l ni su entorno han recibido ingresos por turismo y enfatiza que \u201cjam\u00e1s ha existido explotaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/b> del predio con fines tur\u00edsticos<\/b> de ninguna \u00edndole\u201d.<\/p>\n
Isla Fiesta<\/b>, protegida por la Resoluci\u00f3n 4698 de 1984 como bien bald\u00edo inalienable<\/b>, estuvo bajo el control de Lisocki mediante contratos de arrendamiento<\/b> que expiraron formalmente el 3 de diciembre de 2023<\/b>, seg\u00fan dice la ANT.<\/p>\n\nIsla Fiesta en el Archipi\u00e9lago de Islas del Rosario y San Bernardo de Cartagena<\/span> Foto:<\/span>ANT<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\nMientras que, frente a la calificaci\u00f3n de ocupante irregular<\/b>, \u00e9l se\u00f1ala que desde 2006 existen contratos de arrendamiento<\/b> que reconocen su \u201cbuena fe y la confianza leg\u00edtima<\/b>\u201d. Por ello, sostiene que presentarlo como irregular es una distorsi\u00f3n<\/b>.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el empresario explica que el arrendamiento corresponde al \u201c1% del valor del aval\u00fao catastral<\/b>\u201d, con base en la metodolog\u00eda legal<\/b>, y recalca que \u201cno se trata de un precio acordado de manera discrecional, sino de la aplicaci\u00f3n estricta de la normativa vigente<\/b>\u201d.<\/p>\n\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n\nLisocki tambi\u00e9n controvierte en el documento la versi\u00f3n de mora en los pagos<\/b>. Afirma que \u201cse encuentra al d\u00eda en el pago del canon de arrendamiento<\/b> a corte de abril de 2026\u201d y aclara que las diferencias con la ANT \u201cno equivalen a mora ni a negativa de pago<\/b>\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia del Estado, habr\u00eda desobediencia administrativa<\/b> porque Lisocki habr\u00eda ignorado dos requerimientos de entrega voluntaria<\/b> en noviembre de 2023 y abril de 2024.\u00a0<\/p>\n\nIsla Fiesta en el Archipi\u00e9lago de Islas del Rosario y San Bernardo de Cartagena<\/span> Foto:<\/span>ANT<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\nEl empresario responde que ha intentado negociar<\/b>, pero que la entidad pretende aplicar criterios de predios tur\u00edsticos<\/b>, que no aplicar\u00edan porque es enf\u00e1tico en que no es el uso que \u00e9l y su familia le han dado. La falta de renovaci\u00f3n del contrato<\/b>, dice, responde a esa discrepancia y \u201cno a una negativa caprichosa<\/b> del arrendatario\u201d.<\/p>\n
La agencia present\u00f3 en su momento la decisi\u00f3n de quitarle el bien como la recuperaci\u00f3n de un predio del Estado<\/b> y la defensa de los bienes p\u00fablicos<\/b>, pero Lisocki cuestiona la legalidad de la actuaci\u00f3n estatal<\/b>.<\/p>\n\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n\nSe\u00f1ala que la supuesta ocupaci\u00f3n indebida<\/b> fue \u201c\u00edntegra y definitivamente saneada con contratos posteriores<\/b>\u201d y cita al Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar<\/b>, que concluy\u00f3 que \u201cno es jur\u00eddicamente posible sustentar una expulsi\u00f3n en una resoluci\u00f3n que fue superada\u201d. A\u00f1ade que la actuaci\u00f3n constituye una vulneraci\u00f3n al debido proceso<\/b>.<\/p>\n
Precisamente, el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar<\/b> (Sala de Decisi\u00f3n No. 004), con ponencia del magistrado Mois\u00e9s Rodr\u00edguez, revoc\u00f3 un fallo inicial de tutela<\/b> que le daba la raz\u00f3n al Estado colombiano. El Tribunal orden\u00f3 a la ANT devolver la isla<\/b> a Lisocki Fryde en un plazo de 48 horas, argumentando una presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso<\/b> mientras se resuelve un litigio mayor de nulidad absoluta<\/b>.<\/p>\n\nIslas del Rosario es uno de los principales atractivos tur\u00edsticos de Cartagena.<\/span> Foto:<\/span>IStock<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\nAunque esta decisi\u00f3n fue cuestionada por la agencia, el empresario resalta que existe una demanda en tr\u00e1mite sobre el contrato<\/b>. Subraya que \u201ca\u00fan no ha sido resuelto por la justicia<\/b>\u201d, lo que implica que la controversia est\u00e1 bajo an\u00e1lisis judicial<\/b>.<\/p>\n
Finalmente, Lisocki Fryde advierte que el Estado \u201cno puede desconocer los contratos<\/b> que \u00e9l mismo celebr\u00f3\u201d ni adoptar acciones por fuera del control judicial<\/b>. Insiste en que la definici\u00f3n del caso debe darse en los tribunales<\/b> y no mediante \u201cuna recuperaci\u00f3n de hecho<\/b> que prescinda del proceso judicial en curso\u201d.<\/p>\n\n
LEA TAMBI\u00c9N <\/p>\n\nActualmente, la ANT tiene en su poder<\/b> los 600 metros de este predio y ser\u00e1 el Consejo de Estado<\/b> el que defina el futuro<\/b> de este paradisiaco bien en Cartagena<\/b>.<\/p>\n
Stefan\u00eda Le\u00f3n Arroyave<\/p>\n
Naci\u00f3n – EL TIEMPO<\/p>\n
<\/h2>\n<\/div>\n