El término nació en los años ochenta del siglo pasado, cuando, después de los choques de precios del petróleo por la guerra árabe-israelí y la Revolución iraní, las altísimas tasas de interés para controlar la inflación generaron una durísima recesión, que encendió las alarmas sobre la estabilidad del sector financiero en Estados Unidos y se revisó el nivel de aseguramiento del ahorro del público americano por parte del Estado a través de la agencia federal creada para ese fin en 1933 y cuya misión es garantizar hasta cierto monto los depósitos de los hogares.
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Sin embargo, el término “too big to fail” se hizo mundialmente famoso con la crisis financiera internacional en 2008, cuando varios bancos, por su muy grande tamaño, terminaron tan interconectados con toda la economía que su fracaso resultó desastroso para el sistema económico mundial, deprimiendo sectores como el inmobiliario, la construcción y contrayendo el comercio internacional con inmediatos efectos en el empleo y la financiación de todas las actividades productivas y económicas. Fue así como fue imperioso crear múltiples programas de apoyo desde los Gobiernos para revertir y frenar el inminente peligro de fracaso de nuestro sistema capitalista.
El costo social monumental de la crisis obligó a hipotecar al Estado para salvar toda la economía. Aun tras salvar la economía, la tendencia del ingreso y la prosperidad fueron tan inferiores a las que hubo precrisis que el periodo de los siguientes años se ha denominado “la gran recesión” y de estancamiento secular.
El problema con las empresas demasiado grandes para quebrar es que suelen asumir más riesgos y se pueden llegar a permitir peores manejos, con la expectativa de que tendrán que recibir ayudas y podrán disponer de recursos públicos si sus apuestas salen mal.
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En Estados Unidos, donde se gestó, desarrolló e internacionalizó el problema de 2008, la respuesta fue la Ley Dodd-Frank, con el propósito de limitar el crecimiento de las instituciones bancarias. Uno de los más exitosos banqueros centrales del siglo pasado, Alan Greenspan, señaló que las organizaciones muy grandes debían desmantelarse deliberadamente, evitando a la sociedad esos dilemas morales: “Si una organización es demasiado grande para quebrar, es porque es demasiado grande”.
El capitalismo más próspero se basa en la destrucción creativa. Solo hay nuevas empresas si las que ya están y lo hacen mal desaparecen. Esa dinámica económica genera movilidad social. Steve Jobs decía que la muerte era el mejor principio de la función universal, pues garantiza que siempre hay cambio y transformación, que nuevas personas sustituyen a las más viejas.
Pero el tamaño, la complejidad, la interconexión y las funciones críticas de unas empresas pueden llegar a ser tales que, si una de ellas entra en quiebra o en liquidación, el resto del sistema y la economía se enfrentan a graves consecuencias adversas. Para limitar esas fallas de mercado, en la sociedad hemos entendido la necesidad de tener exigentes regulaciones para entidades o empresas que tienen “importancia sistémica”.
Esta historia resulta muy pertinente hoy, porque la política pública en Colombia quiere promover y volver a concentrar la salud y las pensiones en el Estado, reviviendo figuras similares al Seguro Social.
Por ejemplo, Nueva EPS, bajo intervención estatal desde abril de 2024, se ha convertido en un actor de “riesgo sistémico” por los casi 12 millones de afiliados y por sus interconexiones con el resto del sistema. Cualquier falla recurrente o prolongada en su funcionamiento afecta gravemente la cadena de prestadores de salud, el suministro y la disponibilidad de medicamentos, la salud financiera de todos sus proveedores y la salud física y mental de tantos hogares colombianos a quienes debe servir.
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Recientemente, se ha suspendido el decreto por medio del cual Nueva EPS era la única en cientos de municipios. Aún, y a pesar de no haber estados financieros completos recientes, enfrenta un alto riesgo de colapso debido a su tamaño, una deuda que creció 198 por ciento, a 21,37 billones de pesos (marzo de 2025), y un patrimonio negativo de 6,25 billones de pesos.
Con dos años de intervención estatal, Nueva EPS rememora al viejo Seguro Social (ISS) en Colombia, que también falló en salud y en pensiones, principalmente debido a una ineficiencia administrativa crónica, una corrupción rampante, un creciente desfinanciamiento y una prestación de servicios profundamente deficiente, que hacían inviable su operación diaria.
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
La problemática de empresas “muy grandes para caer”, en la que se pone al país ante dilemas morales, hace necesario que la sociedad no permita ni admita empresas o entidades cuyo riesgo de que lleguen a fallar pueda ser intolerable e insufrible. Luego, como principio, evitar empresas de importancia sistémica aplica tanto para estructuras de monopolios como de oligopolios, tanto privados como públicos.
