En una enérgica respuesta a las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, desmintió la supuesta falta de coordinación regional en el proceso de Reforma Agraria.
La mandataria acusó al funcionario nacional de faltar a la verdad y señaló que la entidad ha enfocado sus esfuerzos en comprar predios a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para asentar a personas de otras regiones, ignorando las solicitudes de las 102 comunidades étnicas del departamento que hoy carecen de territorio.
En otros departamentos se han adelantado iniciativas de la reforma agraria. Foto:Archivo Particular
Prioridad para comunidades vallecaucanas
La gobernadora presentó evidencias sobre la crítica situación de orden social que atraviesan municipios como Bolívar, El Dovio y El Cairo, donde numerosas comunidades indígenas permanecen refugiadas en coliseos a la espera de una solución territorial.
Toro fue enfática al señalar que la ANT ha “puesto sus ojos en las tierras del Valle” pero no en su gente, trayendo poblaciones campesinas e indígenas de otros departamentos para ocupar predios locales.
“Usted no respeta a la gente del Valle del Cauca; son afrodescendientes, campesinos e indígenas locales quienes están solicitando estas tierras. Es a ellos a quienes tiene que entregarles los predios de la SAE”, afirmó la mandataria, recordando que la administración de dichos bienes depende exclusivamente del Gobierno nacional.
La mandataria denunció que en la región, la reforma no ha desarrollado proyectos productivos. Foto:Archivo Particular
Crisis por falta de proyectos productivos y servicios básicos
Uno de los puntos más críticos expuestos por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, es la precariedad con la que se están realizando las entregas de tierra por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según la mandataria, la entidad traslada comunidades a territorios donde no existen garantías mínimas de subsistencia, lo que genera una carga adicional para los municipios y el departamento, que deben asumir con recursos limitados la atención de necesidades básicas no previstas en los procesos de adjudicación.
En materia de infraestructura, se han denunciado entregas de predios sin acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, energía eléctrica o vías de comunicación.
Esta situación no solo vulnera los derechos fundamentales de las familias adjudicatarias, sino que obliga a las administraciones locales a improvisar soluciones urgentes para evitar crisis humanitarias en zonas rurales ya históricamente relegadas.
Juan Felipe Harman, director de la ANT, lidera proyectos en el marco de la reforma agraria. Foto:ANT
Respecto a la sostenibilidad, preocupa la ausencia de proyectos productivos articulados que aseguren la soberanía alimentaria y la generación de ingresos para los beneficiarios.
Entregar tierra sin acompañamiento técnico, financiero o comercial condena a las familias a ciclos de pobreza y abandono, desvirtuando el propósito transformador de la reforma agraria y profundizando la dependencia de ayudas asistenciales.
LEA TAMBIÉN
Finalmente, la falta de planeación integral ha derivado en escenarios de conflictividad social. La llegada de comunidades a territorios sin procesos de concertación previa, sin estudios de capacidad de acogida y sin mecanismos de mediación ha generado enfrentamientos entre poblaciones, como los registrados recientemente en la zona rural de Tuluá. Estos episodios evidencian que la entrega de tierra, sin un enfoque territorial y diferencial, puede convertirse en fuente de nuevas tensiones en lugar de ser herramienta de paz.
Silencio institucional ante el Comité de Reforma Agraria
Pese a que el Valle del Cauca formalizó el Comité Departamental de Reforma Agraria, la gobernadora denunció que no han recibido respuesta a las solicitudes de reunión enviadas al director Harman.
“En el acta de la primera reunión consta que el Comité en pleno le solicitó un encuentro y no nos merecimos ni siquiera una respuesta”, puntualizó.
La mandataria reiteró su disposición al diálogo, invitando nuevamente al director de la ANT a sesionar en el departamento o, en su defecto, ofreciendo asistir a su oficina en Bogotá.
La mandataria critica la precariedad con la que la ANT entrega predios a comunidades. Foto:César Melgarejo
El objetivo principal es establecer una coordinación efectiva que priorice a los habitantes locales y garantice que la entrega de tierras sea integral, digna y productiva para evitar que la Reforma Agraria se convierta en un detonante de violencia rural.
Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Gobernación del Valle del Cauca. Además, contó con la revisión del periodista y un editor.
JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO
EL TIEMPO Casa Editorial
Colombia
Lea más noticias en EL TIEMPO
Detalles de la movilización en el vecino país. Foto:
