El empresario Andrés Jorge Lisocki Fryde fue señalado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de apropiarse de un baldío de la Nación de más de 600 metros cuadrados ubicado dentro del Parque Nacional Natural Islas del Rosario, una de las zonas más paradisíacas de Colombia y Cartagena.
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Lo que, según la institución gubernamental, habría comenzado como una ocupación irregular en 2002 y luego mediada por contratos de arrendamiento con un costo de $220.439, habría derivado en una “toma de hecho“. Incluso, el caso escaló hasta el Consejo de Estado mediante una acción de tutela que busca frenar una decisión judicial a favor del empresario.
Isla Fiesta en el Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo de Cartagena Foto:ANT
De acuerdo con la demanda interpuesta por la ANT ante el Consejo de Estado, documento en manos de EL TIEMPO, se habría utilizado este predio como una fuente de ingresos por medio del turismo. El empresario asegura de manera tajante que esto es falso.
EL TIEMPO tuvo acceso a un documento enviado por el equipo jurídico de Lisocki Fryde, y firmado por él, en el que contradice cada una de las denuncias de la ANT y aclara los hechos.
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Sobre el presunto uso turístico de Isla Fiesta, el empresario es categórico: “Esto es falso”. Sostiene que ni él ni su entorno han recibido ingresos por turismo y enfatiza que “jamás ha existido explotación económica del predio con fines turísticos de ninguna índole”.
Isla Fiesta, protegida por la Resolución 4698 de 1984 como bien baldío inalienable, estuvo bajo el control de Lisocki mediante contratos de arrendamiento que expiraron formalmente el 3 de diciembre de 2023, según dice la ANT.
Isla Fiesta en el Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo de Cartagena Foto:ANT
Mientras que, frente a la calificación de ocupante irregular, él señala que desde 2006 existen contratos de arrendamiento que reconocen su “buena fe y la confianza legítima”. Por ello, sostiene que presentarlo como irregular es una distorsión.
Además, el empresario explica que el arrendamiento corresponde al “1% del valor del avalúo catastral”, con base en la metodología legal, y recalca que “no se trata de un precio acordado de manera discrecional, sino de la aplicación estricta de la normativa vigente”.
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Lisocki también controvierte en el documento la versión de mora en los pagos. Afirma que “se encuentra al día en el pago del canon de arrendamiento a corte de abril de 2026” y aclara que las diferencias con la ANT “no equivalen a mora ni a negativa de pago”.
Según la denuncia del Estado, habría desobediencia administrativa porque Lisocki habría ignorado dos requerimientos de entrega voluntaria en noviembre de 2023 y abril de 2024.
Isla Fiesta en el Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo de Cartagena Foto:ANT
El empresario responde que ha intentado negociar, pero que la entidad pretende aplicar criterios de predios turísticos, que no aplicarían porque es enfático en que no es el uso que él y su familia le han dado. La falta de renovación del contrato, dice, responde a esa discrepancia y “no a una negativa caprichosa del arrendatario”.
La agencia presentó en su momento la decisión de quitarle el bien como la recuperación de un predio del Estado y la defensa de los bienes públicos, pero Lisocki cuestiona la legalidad de la actuación estatal.
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Señala que la supuesta ocupación indebida fue “íntegra y definitivamente saneada con contratos posteriores” y cita al Tribunal Administrativo de Bolívar, que concluyó que “no es jurídicamente posible sustentar una expulsión en una resolución que fue superada”. Añade que la actuación constituye una vulneración al debido proceso.
Precisamente, el Tribunal Administrativo de Bolívar (Sala de Decisión No. 004), con ponencia del magistrado Moisés Rodríguez, revocó un fallo inicial de tutela que le daba la razón al Estado colombiano. El Tribunal ordenó a la ANT devolver la isla a Lisocki Fryde en un plazo de 48 horas, argumentando una presunta vulneración al debido proceso mientras se resuelve un litigio mayor de nulidad absoluta.
Islas del Rosario es uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena. Foto:IStock
Aunque esta decisión fue cuestionada por la agencia, el empresario resalta que existe una demanda en trámite sobre el contrato. Subraya que “aún no ha sido resuelto por la justicia”, lo que implica que la controversia está bajo análisis judicial.
Finalmente, Lisocki Fryde advierte que el Estado “no puede desconocer los contratos que él mismo celebró” ni adoptar acciones por fuera del control judicial. Insiste en que la definición del caso debe darse en los tribunales y no mediante “una recuperación de hecho que prescinda del proceso judicial en curso”.
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Actualmente, la ANT tiene en su poder los 600 metros de este predio y será el Consejo de Estado el que defina el futuro de este paradisiaco bien en Cartagena.
Stefanía León Arroyave
Nación – EL TIEMPO
