La creciente ola de violencia en el departamento del Atlántico ha desatado un fuerte pronunciamiento de varios mandatarios locales, quienes alertan sobre el deterioro de la seguridad y cuestionan los resultados de la política de ‘paz total’ impulsada por el Gobierno nacional. La situación, marcada por el aumento de la extorsión y los hechos violentos, ha generado preocupación en Barranquilla y distintos municipios, donde los alcaldes advierten que el problema está impactando de manera directa la vida cotidiana de los ciudadanos.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. Durante recorridos en sectores populares, el mandatario recogió testimonios de habitantes que describen un panorama dominado por el miedo y la presión de estructuras criminales. Según señaló, la extorsión se ha convertido en una práctica generalizada, obligando a comerciantes y familias a tomar medidas extremas para protegerse.
En sus declaraciones, Char aseguró que la inseguridad ha llevado a que muchas viviendas refuercen sus cerramientos, mientras que pequeños negocios han tenido que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de asumir los cobros ilegales. “La gente está prácticamente encerrada”, advirtió, al tiempo que cuestionó los efectos de las estrategias actuales en materia de seguridad.
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Extorsión y cierre de negocios: el impacto en la economía local
El fenómeno de la extorsión, según coinciden autoridades y gremios, ha comenzado a afectar de manera profunda la economía barrial. En varias zonas, los comerciantes denuncian cobros sistemáticos que reducen sus márgenes de operación y, en muchos casos, los obligan a cesar actividades.
El cierre de tiendas y pequeños establecimientos se ha convertido en una señal visible del problema, especialmente en sectores populares donde estos negocios representan la principal fuente de ingresos para muchas familias. La situación, advierten expertos, no solo golpea la economía local, sino que también incrementa la sensación de inseguridad.
Char fue enfático al señalar que el panorama actual contrasta con los objetivos de reducción de la violencia que plantea la política de ‘paz total’. Para el mandatario, la expansión de estas prácticas delictivas refleja un debilitamiento del control territorial, lo que estaría siendo aprovechado por estructuras criminales.
En este contexto, analistas en seguridad han advertido que el aumento de denuncias por extorsión coincide con la presencia de grupos que operan mediante amenazas, panfletos y redes de intimidación, consolidando economías ilegales en diferentes puntos del departamento.
Municipios se suman al llamado de atención
La violencia impacta comercios locales y economías familiares en municipios del Atlántico. Foto:Policía
La preocupación no se limita a la capital del Atlántico. En municipios como Sabanagrande, Polonuevo y Baranoa, los alcaldes también han levantado la voz frente a los recientes hechos de violencia que han afectado a sus comunidades.
En Sabanagrande, una marcha por la paz reunió a cientos de habitantes que salieron a las calles para rechazar la violencia y pedir soluciones. El alcalde Darwin Rosales Mora describió un ambiente de angustia colectiva, tras una serie de episodios que han impactado la tranquilidad del municipio.
El mandatario explicó que, pese a ser una localidad pequeña, los hechos recientes han generado un fuerte impacto social. La comunidad, dijo, se encuentra “dolida y alarmada”, lo que evidencia la dimensión del problema en territorios que históricamente habían mantenido niveles más bajos de violencia.
A este llamado se sumó la Iglesia Católica. Líderes religiosos invitaron a la unidad y a la solidaridad como herramientas para enfrentar la crisis, al tiempo que enviaron mensajes de apoyo a las familias afectadas por los hechos violentos.
Exigen respuesta del Gobierno nacional
Mandatarios advierten que la inseguridad obliga a cerrar negocios en sectores populares. Foto:Alcaldía
Desde Polonuevo, el alcalde Óscar Avilez insistió en que la situación de orden público requiere una intervención articulada de todas las autoridades. El mandatario pidió la presencia directa del Gobierno nacional en el territorio, con el fin de evaluar la magnitud del problema y definir acciones concretas.
El llamado incluye al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, entidades a las que solicitan medidas urgentes para contener la expansión de la violencia y recuperar la confianza ciudadana. Según los alcaldes, la crisis actual no puede abordarse únicamente desde lo local, debido a la complejidad de las estructuras criminales involucradas.
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En Baranoa, el alcalde Edinson Palma convocó a una movilización ciudadana como respuesta simbólica frente a la violencia. La jornada busca reunir a distintos sectores sociales en torno a un mensaje de rechazo a los actos delictivos y de defensa de la convivencia.
Las marchas por la paz se han convertido en una expresión del descontento ciudadano, pero también en un llamado a la acción institucional. Para los mandatarios, la participación comunitaria es clave, aunque insisten en que se requieren decisiones de fondo para frenar la escalada de inseguridad.
En medio de este panorama, el Atlántico enfrenta un momento crítico en materia de orden público. La convergencia entre extorsión, violencia y percepción de desprotección plantea desafíos urgentes para las autoridades, que deberán responder con estrategias integrales para restablecer la seguridad en la región.
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