El Gobierno argentino revocó recientemente las directrices de examen de patentabilidad farmacéutica a través de la Resolución 118/2012: criterios rigurosos que orientaban el examen de patentes para evitar monopolios injustificados y asegurar que la protección se otorgara solo cuando existía innovación real.
La medida fue presentada como un paso hacia la “desregulación” y la promoción de la innovación. Pero este encuadre simplifica un debate que es, en realidad, estratégico: qué reglas necesita el país para sostener su capacidad productiva, su rol internacional y el acceso a medicamentos.
Argentina cuenta con una base industrial farmacéutica sólida, capaz no solo de abastecer su mercado interno, sino también de exportar a más de 120 países. Entre 2014 y 2024, el país exportó más de USD 5.000 millones en medicamentos, incluyendo destinos donde trabaja la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) en América Latina, África y Asia.
Para MSF, esto no es abstracto: en muchos de estos contextos, la posibilidad de ampliar el acceso al tratamiento depende de que existan múltiples fuentes de suministro. Por eso, las reglas de patentabilidad en Argentina no son solo una cuestión doméstica, sino que también pueden influir en la disponibilidad de medicamentos fuera del país.
Sobre esa base, el país ha avanzado en iniciativas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para fortalecer la producción regional, incluyendo acuerdos recientes de transferencia de tecnología para la producción de vacunas contra la influenza y el desarrollo de capacidades en tecnologías de ARNm en el marco del hub impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que permiten adaptar rápidamente vacunas a distintos patógenos y responder con mayor agilidad a emergencias sanitarias.
Pero la capacidad de producir no depende solo de infraestructura o transferencia tecnológica. Depende también de las reglas que determinan quién puede producir y cuándo. Durante más de una década, las directrices adoptadas en 2012 permitieron a Argentina aplicar criterios rigurosos, plenamente compatibles con los acuerdos internacionales en la materia. Lejos de ser una barrera a la innovación, constituyen uno de los ejemplos más claros a nivel global de cómo un sistema de examen puede equilibrar la promoción de la innovación real con la protección del interés público y el desarrollo industrial y científico del país.
Al limitar la concesión de patentes amplias o sobre modificaciones menores, estas directrices aseguraron que la protección se otorgara cuando correspondía, evitando la concesión de monopolios sin aporte innovador real y, al mismo tiempo, reduciendo la carga administrativa al desalentar solicitudes débiles y concentrar los recursos en la evaluación de innovaciones genuinas.
Presentar su eliminación como “desregulación” es engañoso. No se trata de eliminar trabas, sino de redefinir qué se considera una invención y, por lo tanto, qué puede ser patentado. Cada patente concede un monopolio temporal que bloquea la competencia. Cuando se amplían los criterios de patentabilidad se extienden esas exclusividades y se posterga la producción de medicamentos por múltiples actores en el país.
Un ejemplo concreto muestra lo que está en juego. En el caso del sofosbuvir, un medicamento clave para tratar la hepatitis C, la existencia de producción local y competencia tuvo un impacto directo sobre el precio y sobre la capacidad del sistema público de tratar personas. En un contexto en el que incluso países de altos ingresos racionaban este tratamiento, en Argentina, en un período de cinco años, la presencia de productores de genéricos locales permitió generar ahorros acumulados de más de 20 millones de dólares en compras públicas, solo para este medicamento. Esa diferencia no es menor: es la diferencia entre tratar a más personas o dejar pacientes en espera.
La revocación de estas directrices introduce una tensión en la estrategia sanitaria y productiva del país. Puede limitar la competencia, restringir la capacidad de producción y debilitar el papel de Argentina como proveedor regional y global, en un momento en que muchos países buscan mayor autonomía sanitaria.
No es posible promover la producción local, el desarrollo industrial y la cooperación internacional, y al mismo tiempo debilitar las condiciones que permiten que esa producción ocurra.
Este debate no es entre innovación y acceso. Es sobre qué modelo de desarrollo quiere sostener Argentina. Porque, en materia de medicamentos, estas decisiones se traducen en algo muy concreto: quién accede al tratamiento y quién queda afuera.
Rachel Soeiro es directora para las Américas de MSF Acceso y Nancy Guerrero Castillo, directora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Latinoamérica.
