Este viernes, la Contraloría General de la República envió su concepto a la Corte Constitucional sobre la viabilidad a la emergencia económica declarada por el gobierno de Gustavo Petro en febrero pasado, ante el Frente Frío que golpeó a varias regiones del país, afectando especialmente a Córdoba. El órgano de control advirtió serias fallas técnicas en el calculo de los recursos que el Ejecutivo dice necesitar para enfrentar la emergencia ambiental, además de diferentes irregularidades que hacen el decreto, en sus palabras, inviable. Para conocer más detalles de esta evaluación técnica, EL TIEMPO contactó a la contralora Jenny Lindo, delegada para le Economía y las Finanzas.
¿Cuál fue el decreto que revisaron?
Revisamos el decreto principal, que es mediante el cual se decreta la emergencia económica y se establece la necesidad de recaudar los 8.6 billones de pesos. Asimismo, el desarrollo normativo de de este y la creación de tributos, traslados y reorientaciones presupuestales para atender el Frente Frío, que afectó en mayor medida al departamento de Córdoba.
¿Por qué no le dieron el visto bueno al decreto?
Nosotros hicimos una evaluación muy juiciosa de cada uno de los soportes que las entidades del Gobierno Nacional entregaron para justificar esta creación de impuestos, tributos y reorientaciones presupuestales, y los contrastamos con la información que tenemos aquí en la Contraloría. En principio, encontramos diferencias en los cálculos presupuestales y en los cálculos de las áreas afectadas. Para el Gobierno Nacional, por ejemplo, el área afectada son 113 mil hectáreas, pero la Contraloría ha establecido que son 66 mil hectáreas las áreas impactadas. Ello marca una diferencia en la necesidad presupuestal.
Jenny Lindo, delegada para la Economía y las Finanzas. Foto:Contraloría
¿Qué otras diferencias encontraron?
Nuestro equipo de la Contraloría identificó que, de lo que reportó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hay hectáreas que realmente no son inundables. Y aun así las reportaron. Nosotros tenemos una unidad de geomática, que monitoriza en tiempo real el territorio. También encontramos diferencias en la estructuración de las acciones. Es decir, en la mayoría de casos estamos de acuerdo en que se necesita determinada acción, pero estamos en desacuerdo en la estructuración de la misma. Hay inconsistencias en los reportes de los beneficiarios de alivios financieros. Muchas deficiencias en los diseños.
Con el tema de beneficiarios yo quiero detenerme un momento. ¿Quiere decir que puede ser que se haya reportado más personas de las que realmente necesitan en este momento una solución?
Cada sector tiene su situación particular, pero hallamos inconsistencias aritméticas como duplicidades de presupuestos, duplicidades de beneficiarios, errores metodológicos en la estimación de algunos rubros presupuestales y hasta sobreestimaciones de los recursos requeridos. Y eso, ya de entrada, nos obliga a no entregar una conceptualización a favor de la consistencia de los datos y de las justificaciones financieras que entregaron las entidades de gobierno a la Corte Constitucional para justificar los decretos de emergencia económica. Así se lo dijimos a la alta corte: esos soportes carecen de soportabilidad técnica suficiente.
Emergencia por inundaciones en Córdoba. Foto:Gobernación de Córdoba.
Si no son entonces 8 billones los que se necesitarían, ¿Cuánto sí se necesitaría?
Ese cálculo no lo hicimos, porque nosotros solo respondimos a lo que solicitó la Corte Constitucional, la cual nos pidió dos cosas. Uno: conceptúen sobre la pertinencia. Dos: conceptúen sobre la consistencia de las justificaciones del Gobierno Nacional para el decreto de emergencia económica.
¿Qué más situaciones irregulares advirtieron?
En vivienda encontramos una variación importante. No se evidencian con claridad los criterios de priorización y de focalización que ellos hicieron para ejecutar recursos en materia de vivienda con esos recursos de los decretos de emergencia. No se encuentra, tampoco, qué tipo de viviendas van a hacer, en qué zonas específicamente las van a hacer, en qué calidad, en qué tiempo. No hay planeación.
El Ministerio de Vivienda solicitó 728 mil millones de pesos. Pero nosotros, aplicando unos supuestos muy básicos de análisis de necesidad de vivienda, nos da un costo de 705 mil millones de pesos. Más diferencias. Aparte, ellos dicen: “Esta es una solicitud de vivienda que se hace sobre un registro de damnificados”. Pero nosotros verificamos el registro de damnificados, lo contrastamos, y nos da menos.
Jenny Lindo, contralora delegada para el sector Finanzas. Foto:Archivo particular
¿Hay algo que esté bien?
La necesidad de las acciones. Es decir, efectivamente, la Contraloría sí considera que es necesario hacer intervenciones en vivienda, en salud, en infraestructura, en educación, en medio ambiente. La diferencia está en la consistencia del cómo se va a hacer y en el valor que las entidades están pidiendo para hacer esas intervenciones
Ustedes explicaron ante la Corte Constitucional que tampoco existe un plan nacional articulado para atender una emergencia de esta naturaleza…
Al día de hoy, el Estado colombiano no cuenta con una política pública de atención a emergencias y desastres. No existe. ¿Cuántas emergencias ha atendido el país? Esto es un tema casi que de todos los años Colombia. ¿Cuál es la decisión principal cuando tú tienes una política pública? Es poder asignar recursos para tenerlos reservados para la atención de emergencias. Y no que cada vez que haya una emergencia, que es todos los años, pues se tengan que crear impuestos.
En la medida en que un Estado tenga previsto una bolsa para atender las emergencias como una política pública, ninguna autoridad tiene que salir a apagar incendios presupuestalmente, como lo hemos venido haciendo durante años en este país.
En definitiva, ¿Cómo evalúa el decreto de emergencia económica?
No son consistentes financiera ni presupuestalmente. La Contraloría hace mucho énfasis en que hicimos un trabajo realmente pensando en los ciudadanos, técnico y objetivo. Y que estamos esmerados en hacer vigilancia y control para que los recursos que se están recaudando con estos impuestos vayan realmente para atender esta emergencia y no para otra cosa.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
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