Un nombre puede ser suficiente para terminar en la cárcel. No una prueba, no una huella, no un testigo: un nombre. Esa es la advertencia que deja al descubierto una investigación de Séptimo Día, que revela cómo errores en la identificación han llevado a ciudadanos inocentes a enfrentar condenas de hasta 26 años.
“Yo soy inocente, nunca he cometido un crimen. Siempre he sido inocente”, repite José William López Rubiano desde la cárcel Picaleña, en el suroriente de Ibagué.
A sus 60 años, este hombre asegura estar pagando por un homicidio ocurrido en 2001 en Bogotá, cuya víctima fue identificada como Esperanza García, que, según insiste, jamás cometió.
“Estoy aquí por un error”, asegura, mientras cumple una condena que supera las dos décadas.
José William López Rubiano, colombiano que paga condena sin haber cometido ningún delito. Foto: Screenshot tomado de Séptimo Día.
Su historia no solo es impactante por la pena que enfrenta, sino por las inconsistencias que rodean el caso. “Lo condenaron por tener una homonimia. No se individualizó correctamente a la persona”, afirma su defensa Yesid Fernando Jarro, que señala fallas en la identificación, documentos presuntamente falsificados y errores en los registros.
Desde su relato, el impacto va más allá de lo judicial. “Uno pierde la alegría en el momento en que llega a esta cárcel… “¿Por qué me tiene que pasar a mí esto?”, cuestiona. También habla del miedo constante: “Un temor por mi vida, un temor por mi familia”.
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Pero no es un caso aislado. La investigación evidencia que hay más colombianos que han enfrentado procesos similares por compartir nombre o tener datos parecidos a los de un delincuente.
“Mi país no me quiso defender. Fui víctima de llamarme como me llamo”, relata otra de las víctimas al describir cómo terminó vinculada a un proceso judicial sin haber cometido ningún delito.
José William López Rubiano desde la cárcel Picaleña, en el suroriente de Ibagué. Foto: Screenshot Séptimo día.
Otro caso es el de Andrea Castañeda, capturada en un aeropuerto antes de abordar un vuelo. “Yo decía: explíquenme, ¿por qué estoy aquí?”, recuerda.
Según su testimonio, fue señalada por un responsable de un hurto en el eje cafetero, pese a que, como luego logró demostrar, ni siquiera estaba en ese lugar. “Todo fue un error”, concluyó su defensa tras presentar pruebas que la desligaban del caso.
El informe también pone el foco en posibles fallas estructurales. “La única prueba que tienen es un número de cédula”, advierten en uno de los testimonios.
En otros casos, incluso, las acusaciones se habrían sustentado en elementos débiles. “No contestan nada en los juzgados, no se resuelve por ningún lado”, denuncian afectados por procesos que se extienden durante años.
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A pesar de que existen herramientas como huellas dactilares, análisis forense y verificación biométrica, los expertos advierten que no siempre se aplican con el rigor necesario.
“Usted como juez tiene que identificar plenamente a la persona que va a condenar”, señalan los afectados, cuestionando cómo errores básicos pueden derivar en decisiones judiciales de gran impacto.
Para quienes han vivido estas situaciones, la experiencia deja secuelas profundas. “Uno pierde la paz sin saber por qué”, dice una de las afectadas. “Yo veía a un policía y me daba miedo”, añade, al describir las consecuencias psicológicas tras haber sido señalada injustamente.
