La empresa Servicios Generales Galaga, señalada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como responsable del retraso en la entrega de material electoral, mantuvo vínculos contractuales con entidades del Estado desde 2020, según un informe difundido este domingo por Convoca.
De acuerdo con el portal de investigación, la compañía obtuvo siete contratos y órdenes de servicio con el ente electoral entre 2020 y 2023, por un total de S/ 5,006,875.10, previo al compromiso de repartir el material, equipos informáticos e implementos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, donde vive la tercera parte de la población del país.
La firma también contrató con la comuna capitalina para el traslado de materiales, herramientas y equipos destinados a la Subgerencia de Gestión y Fiscalización, por S/ 686,400.
Según la documentación publicada, el contrato con la Municipalidad Metropolitana (MML) tuvo vigencia del 29 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2024, durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga, hoy candidato a la Presidencia por Renovación Popular.
El exalcalde de Lima fue uno de los primeros en afirmar, sin pruebas, que habría iniciado “un intento de fraude” en los comicios, al sostener que no era casualidad la ausencia de material electoral en grandes centros de votación de zonas donde, según su criterio, los electores lo respaldan mayoritariamente.
En medio del desorden en la entrega de material, López Aliaga anunció acciones legales contra el jefe del organismo, Piero Corvetto, e incluso pidió su detención inmediata. Por su parte, los candidatos Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Mesías Guevara (Partido Morado) solicitaron una investigación sobre la compañía.
“Se tiene que investigar a profundidad a la empresa y la ONPE. Los tambores de fraude empiezan a sonar, no permitamos que se violente la voluntad popular. El Perú quiere paz, justicia y desarrollo”, señaló este último en un comunicado de X.
Según el portal de investigación Epicentro TV, el ente electoral adjudicó el contrato de transporte de material y equipamiento electoral el pasado 9 de marzo, con lo cual Galaga debió acreditar la propiedad de 40 unidades, junto con sus tarjetas de propiedad y circulación.
El medio también cuestionó cómo la compañía firmó el contrato si el 5 de abril recién solicitó 400 camiones para sus operaciones de distribución, anuncio que luego eliminó. Además, se recordó que la firma enfrentó un procedimiento disciplinario ante el Tribunal de Contrataciones del Estado por la presunta presentación de documentos falsos, caso que posteriormente prescribió, según resolución del propio tribunal.
De acuerdo con registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Galaga registró hasta febrero solo 13 trabajadores en planilla.
Silencio
En diálogo con Panorama, el dueño y gerente de la firma, Juan Alvarado, evitó asumir una posición tras las acusaciones y afirmó que esperará los pronunciamientos oficiales de las autoridades. “Voy a guardar silencio y voy a esperar a que emitan su comunicado la ONPE y las entidades”, señaló.
Sin embargo, se le precisó que el pronunciamiento ya había sido publicado y que atribuía responsabilidad a su empresa. “Eso tendrá que demostrarse. Yo no le puedo decir si soy responsable. Voy a guardar silencio y esperar a ver cómo se mueve esto y qué otras entidades se pronuncian”, concluyó.
