La negativa del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. a la solicitud de preclusión formulada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova mantiene abierto el proceso penal en su contra por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La decisión implica que el caso pasará a la etapa de juzgamiento, conforme a lo dispuesto por el tribunal.
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El despacho judicial argumentó que la defensa no logró demostrar la inexistencia de los hechos investigados, ya que las pruebas y relatos presentados por la Fiscalía sustentan la continuidad del proceso.
Así, la resolución rechaza que la supuesta discrepancia sobre el lugar de ejecución de un contrato anule la acusación por corrupción administrativa y manejo indebido de fondos públicos.
De acuerdo con el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., los hechos objeto de investigación se desarrollaron entre septiembre y diciembre de 2023.
Señala que funcionarios de alto nivel, entre ellos Carlos Ramón González Merchán —entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia— y Olmedo de Jesús López Martínez —director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)—, habrían participado en la entrega irregular de contratos y sumas de dinero a congresistas, con gestión directa de Ortiz Nova.
Entre los beneficiarios mencionados figuran Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
El expediente detalla eventos en los que se habrían transportado al menos 1.500 millones de pesos en efectivo mediante vehículos oficiales para entregar estos recursos.
En 2025, la Fiscalía General de la Nación presentó la acusación formal contra la exfuncionaria por presuntamente haber utilizado su cargo para favorecer intereses personales y de terceros, aspectos que, según el juzgado, constituyen el centro de la acusación.
