Soldados que reconocieron ante la JEP haber asesinado a más de 100 civiles durante el conflicto armado colombiano denuncian en SEMANA que recibieron millonarios ofrecimientos para modificar sus versiones con el fin de proteger a generales y coroneles retirados de las Fuerzas Militares. Testimonios, conversaciones de WhatsApp y audios en poder de esta revista pondrían en evidencia la operación mordaza que amenaza la verdad sobre los crímenes de los falsos positivos.
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Santiago Martínez, cuyo nombre real fue omitido por los riesgos de seguridad que enfrenta, le contó al tribunal de paz que participó en el homicidio de 20 personas en el Caribe mientras estaba enfilado en el Ejército.
Él detalló que siguió las órdenes de ocho superiores para presentar muertos en combates indiscriminadamente, pues estaban obsesionados con las condecoraciones y los días de descanso que se les otorgaban por los cadáveres. Hace tres semanas le pusieron a consideración en Bogotá cerca de 20 millones de pesos para guardar silencio y asumir la responsabilidad individual por los hechos.
Según su versión, el dinero fue aportado por un coronel retirado que él salpicó ante la Jurisdicción y que se niega a aceptar su implicación en los delitos.
Las víctimas eran presentadas como muertos en combate. Foto: COLPRENSA
“Después de una reunión con la JEP, llegaron las amenazas y nos dijo que se entregaría la plata para que dejáramos de hablar. Nos llegaron mensajes para dejar de ser sapos y no mencionar a los comandantes”. Estas palabras también las recibió otro uniformado, que prefirió no atender una entrevista por el miedo que le infundió su exsuperior.
El aparente silencio en la JEP no solo se pretendería comprar con el bolsillo de los generales y coroneles, sino también con las finanzas del Estado. Uno de los testigos clave en los juicios que se alistan contra altos mandos militares narró a SEMANA, bajo reserva, que se le habría condicionado su derecho a la pensión por los mensajes que dio en ese tribunal.
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La advertencia le fue transmitida por un coronel que, aunque está por fuera de la institución por la aparente implicación en los falsos positivos, le dejó claro que seguiría teniendo injerencia en ese tipo de decisiones gracias a sus “cursos”, es decir, compañeros de la formación castrense que siguen vinculados a las Fuerzas Militares.
Esta fuente, con la promesa de mantener oculta su identidad, le describió a un reportero: “Mi coronel me dijo que me retirara de decir lo que estaba diciendo. Si no, no me iba a dejar pensionar. Le dicen a uno que no hable más en la JEP, que no los miente a ellos, que ellos lo único que pedían eran resultados, que nunca nos mandaron a matar a nadie, sabiendo que por radio solo decían: ‘Bajas, den bajas. Si no, no salen de permiso’”. Este hombre reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que cometió 15 ejecuciones extrajudiciales.
Pruebas en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API
No solo eso. Con base en los testimonios que cinco soldados comparecientes suministraron a SEMANA, los oficiales en retiro que habrían dado órdenes para cometer algunos falsos positivos, y que ya están en el radar de la JEP, les pusieron a disposición sus billeteras para patrocinar emprendimientos y negocios a cambio del silencio, con cifras que variaban entre los 5, 10 y 15 millones de pesos.
En una conversación a la que se tuvo acceso, uno de los potenciales testigos del alto tribunal de paz en el macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, reconoció que aceptó la ayuda económica de su antiguo comandante para no enlodarlo con los crímenes y asumir la responsabilidad sin salpicar al mando: “Al viejo no le conviene que uno hable. Me apoyó en el negocio. Si el viejo me dice que no diga nada más y que si me puedo salir, me salgo. Eso voy a hacer”.
Lo mismo ocurrió con un sargento que pagó siete años de prisión por 15 falsos positivos y que recibió la libertad por someterse a la JEP: “Nos dijeron que están ayudando para montar un emprendimiento. Nos han dicho: ‘Le vamos a dar 20 millones de pesos para cuando usted se retire de esto, que no siga hablando en esos procesos’. Yo no acepté”.
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El mayor (r) Daladier Rivera, que reconoció 63 muertes extrajudiciales en medio de sus labores en el Ejército, y que ya pidió perdón a las víctimas en Norte de Santander, también recibió mensajes donde le aclaraban que había recursos para comprar su silencio y arreglar sus problemas judiciales.
“Sí ha habido ofrecimientos. Me han ofrecido dinero para quedarme callado. Le dicen a uno: ‘Le ayudamos con un abogado. Bájele el nivel. Ayúdenos con esto’. No me han puesto plata; le ofrecen a uno la defensa”.
Las promesas económicas se han movido al calor de las elecciones presidenciales. Según dicen las fuentes consultadas por SEMANA, a algunos oficiales en retiro, que son investigados por la Jurisdicción, les han anticipado que el tribunal de paz llegaría a su fin en un próximo gobierno, por lo que no valdría la pena seguir ventilando verdades y, preferiblemente, guardar silencio para no tener problemas en el futuro.
Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA
Al ser consultada por este escenario de supuestos sobornos, la JEP manifestó que no se pronuncia en este artículo porque, judicialmente, no ha sido alertada de las situaciones narradas, pero dejó abierta la posibilidad de tomar postura pública una vez conociera la investigación de esta revista.}
La verdad, en riesgo
La abogada Tania Parra, apoderada de varios comparecientes ante la JEP, reveló que la verdad sobre los falsos positivos y las alianzas de las Fuerzas Militares con la criminalidad no solo está en riesgo por el escenario descrito hasta ahora, también por una serie de amenazas, atentados y hostigamientos judiciales que han sufrido los uniformados que han reconocido sus responsabilidades en los crímenes, así como por intimidaciones dirigidas a sus apoderados y familiares, en lo que parecería una mordaza destinada a imponer silencio.
“Se creó un monstruo para encontrar la verdad y la que encontraron fue tan difícil que se les salió de las manos la protección. Hay un temor generalizado para hablar, sobre todo por el hostigamiento de las personas que no quieren comparecer, o que no van a comparecer con el argumento de que la JEP se va a acabar. Sí hay militares que se abstienen de dar información por temor a que se materialicen esas amenazas”, dijo Parra.
Aparentemente, el mayor (r) Daladier Rivera ha sido blanco de las personas que quieren su silencio. Él tiene información de alto valor para la Jurisdicción relacionada con la comisión de ejecuciones extrajudiciales y la cercanía de uniformados con los paramilitares.
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En julio de 2025, mientras asistía al velorio de su suegro, fue atacado a disparos: su cuñado murió y él recibió tres balas que casi le arrebatan la vida. Tres meses después, cuando fue dado de alta, recibió el siguiente mensaje en su celular: “Se salvó, hijo de puta. Estamos esperando que salga. No descansaremos hasta darlo de baja por sapo”.
Pese al atentado, Rivera se mantiene firme en la JEP, pero las intimidaciones no han parado: “Oigan, gran hptas sapos. ¿Van a seguir buscando? ¿No aprendieron la lección? No se les olvide que tienen la lápida pegada al culo, así como sus hijos o por donde más les duela, sapos hptas”.
Militares en retiro que reconocieron ante la JEP su participación en casos de falsos positivos en varias regiones de Colombia denunciaron que los han amenazado. Foto: CARLOS JULIO MARTÎNEZ-SEMANA
Como él, son varios los militares en retiro que reciben amenazas en sus celulares cuando desempolvan el pasado violento o se acercan audiencias para ventilar nombres, acciones y omisiones. Para las fuentes consultadas, se trataría de una operación que busca el silencio.
Protección cuestionada
Las fuentes consultadas por SEMANA ponen en duda las capacidades del grupo de protección de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, encargada de cuidar la seguridad de los intervinientes y testigos que enfrentan algún tipo de riesgos por cuenta de sus participaciones en el alto tribunal de paz, incluidos los militares que así lo requieren.
Uno de los soldados que acusó a generales y coroneles de instar a los falsos positivos en el Caribe colombiano contó bajo reserva a esta revista que sufrió un atentado en noviembre pasado en su residencia y no habría recibido la oportuna atención de la Jurisdicción: “La JEP no nos está protegiendo y les está dando la espalda a los intervinientes. Si la JEP no nos protege, las víctimas nunca van a terminar de saber la verdad. Ellos (oficiales en retiro) están aprovechando para amenazarnos, para no llegarles con la verdad a las víctimas”.
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Otro uniformado en retiro, que también ha recibido intimidaciones y pidió omitir su nombre, detalló: “La JEP no hace nada. Protege más a los guerrilleros que a uno. Uno dice que lo amenazan y no le paran bolas. Dicen que eso no es nada. Que se autoproteja, que para eso fue soldado. Un día pasé un informe de que me habían amenazado, y me llamó un señor a decirme que si quería que me pusieran escolta y camioneta, que yo era soldado. Yo dejé eso así porque terminan tratándolo mal a uno. A esa gente no le gusta proteger a uno de soldado”.
La abogada Parra reconoció que algunos comparecientes se abstienen de dar información ante la JEP por miedo a que se materialicen las amenazas, y cree que los recursos del tribunal no son suficientes para cuidarlos: “Si yo me convierto en testigo de cargo para alguien, tengo un peligro latente. El peligro para un compareciente significa hostigamiento, persecución, amenazas y atentados contra su vida. En esos cuatro puntos es que hemos visto reflejado el peligro”.
La JEP. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA
Frente a estas alertas, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz explicó a SEMANA que nunca descarta cualquier sospecha de riesgo para la población que está bajo su cuidado. Los funcionarios, una vez son informados de indicios que podrían comprometer la integridad de alguien, adelantan estudios para identificar la amenaza y, de ser necesario, asignar esquemas de protección. Actualmente, en lo referente a los militares retirados, hay 27 con riesgo extraordinario (10 con medidas blandas y 17 con medidas fuertes).
Entre otras cosas, la Unidad reiteró que cuenta con todas las garantías para proteger a los intervinientes bajo estándares objetivos; que no tiene preferencia por un grupo poblacional frente a otro, como sugirió una de las fuentes, y que sobre sus decisiones proceden recursos de reposición, es decir, si la evaluación del riesgo arroja un resultado ordinario, que no amerita escoltas o carros blindados, y la persona o su abogado no está de acuerdo, puede pedir una reevaluación para descartar imprecisiones.
El miedo sigue latente. Al cierre de esta edición, la defensa del general (r) Paulino Coronado, el oficial de más alto rango que reconoció su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales, denunció que el pasado jueves en la noche hombres encapuchados ingresaron a su conjunto residencial en Cúcuta, que hubo disparos, y se interpretó la escena como un intento para censurarlo. Policía y Fiscalía adelantarán las investigaciones para esclarecer lo que realmente está detrás de este incidente.
Lo denunciado por SEMANA enciende las alarmas por el rumbo que podrían tomar las investigaciones en la JEP, que ya empezó a emitir las primeras condenas. Hay preocupación por la aparente manipulación de los testigos con ofrecimientos de dinero y las presiones, con amenazas y hostigamientos incluidos, para tapar la verdad sobre lo ocurrido en las Fuerzas Militares durante la época del conflicto armado.
Solo en el macrocaso 03, la JEP tiene acreditadas a 4.653 víctimas; ha escuchado los testimonios de 867 exintegrantes de la fuerza pública: 173 militares, cinco civiles y un exdirector del extinto DAS han sido imputados; y 21 comparecientes fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación al no reconocer su responsabilidad por los crímenes imputados.
